De las “reformas estructurales” al progresismo
por Ernesto Herrera
Fue hace muchos años. Allá por 1971. El Frente Amplio (FA) surgía como una “verdadera contra-sociedad”. En el sentido de un movimiento socio-político antes que una alianza político-electoral. Se organizaba en Comités de Base territoriales. Expresaba una extensa ola de luchas sindicales y estudiantiles. De radicalización política de masas. Donde confluían demandas socio-políticas y un horizonte de ruptura política con el régimen de dominación bipartidista (Partido Colorado y Partido Nacional) apuntalado por la “rosca oligárquica” y las agencias del imperialismo norteamericano.
En su “programa fundacional”, proponía 40 medidas inmediatas para el caso de alcanzar el gobierno, entre ellas: nacionalización de la banca; monopolio estatal del comercio exterior; no pago de la deuda externa; ruptura con el FMI; escala móvil de salarios; reforma urbana; reforma agraria. Era un programa de “reformas estructurales”, muy similar al establecido por el gobierno de la Unidad Popular en el Chile presidido por Salvador Allende. Qué, digámoslo sin titubeos, sí fue un gobierno de verdaderas y radicales “reformas estructurales”.
Por entonces, el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN), hacía “política con armas”. No integraba el FA y su estrategia se definía en el marco del “foco guerrillero”. En el Programa de gobierno del MLN (1971) se proponía entre otros puntos: la nacionalización de la banca; la socialización de las grandes fábricas para ser administradas por los trabajadores; la reforma urbana con expropiación de los grandes propietarios inmobiliarios. Y la reforma agraria: “con expropiación sin indemnización de los latifundios mayores a 500 hectáreas”. Eran tiempos de las combativas marchas de los trabajadores cañeros de la Unión de Trabajadores del Azúcar de Artigas (UTTA), organizados por Raúl Sendic (fundador y principal dirigente del MLN hasta su muerte en 1989), que llegaban desde Bella Unión (en el norteño departamento de Artigas) hacia Montevideo, la capital. Más de 600 kilómetros recorridos a pie por un proletariado rural y pobre, desposeído de todo, que levantaba como seña de clase la bandera de “Tierra para quien la trabaja”.
Evidente, los tiempos cambiaron. Aquellas demandas radicales (“ultraizquierdistas” diríamos hoy), son una foto de archivo. El “programa fundacional” se fue vaciando. Con el paso de los años se sumaron otras renuncias. La antigua izquierda ya no discute sobre las “vías de aproximación al poder” (en el sentido revolucionario, anticapitalista), ni propone transformar las relaciones sociales de producción. La democracia ya no es “burguesa” sino el cuadro político-institucional adecuado para dirimir las “contradicciones” que hay en toda sociedad. Las relaciones de fuerzas entre las clases ya no son la medida para definir una estrategia.
Con el paso de los años se sumaron otras renuncias y capitulaciones. Las “reformas estructurales” devinieron así en puro progresismo. Los eufemismos “cultura de gobierno”, “lealtad institucional”, y “país productivo”, disfrazaron el reciclaje de tupamaros, estalinistas y socialdemócratas, al orden del capital. Es decir, a su investidura como funcionarios del Estado.
Algunos datos de hoy ilustran las consecuencias de la “actualización” de aquel “programa fundacional” de la izquierda. Y muestran uno de los resultados de 10 años de gobierno del Frente Amplio. Un reciente estudio (2014) realizado por técnicos de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República, presentado a la FAO, indica que: el 2,6% de las explotaciones agrarias tienen un tercio de la tierra (33,6%) y si se toma el 9,2% de esos predios, poseen 61% de la superficie. Más del 80% de los frigoríficos y 70 % de las empresas arroceras están en manos de capitales brasileros; 85% de la producción soja (100% transgénica, principal rubro exportador del país), pertenece a capitales argentinos, estadounidenses, y a “fondos de pensión” europeos. Las dos multinacionales forestales, que fabrican pasta de celulosa, Montes del Plata (unión de Arauco y Stora Enzo, de origen chileno y sueco-finlandés respectivamente), y UPM-Kymmene (ex Botnia, de origen finlandés) son propietarias de 350.000 hectáreas de bosques de eucaliptus. Se benefician de la Ley Forestal y de la Ley de Inversiones para “exonerar” sus impuestos.
Y la fotografía más nítida. En estos diez años de “era progresista”, desaparecieron 12.241 establecimientos agropecuarios que tenían entre 10 y 100 hectáreas. Vale decir, de aquellos “pequeños productores” y colonos que, supuestamente, se irían a beneficiar de una reforma agraria. Al revés, lo que se vino operando fue una contra-reforma agraria o, como afirman empresarios del agro-negocio, una “revolución sorprendente”…a favor de sus intereses.
La concentración-extranjerización se ha profundizado bajo los gobiernos del Frente Amplio. Y debe marcarse: ni como Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010); ni como Presidente de la República (2010-2015), José Mujica intentó siquiera modificar el “modelo agro-exportador”. Lejos, muy lejos, de aquel “Tierra para quien la trabaja” que demandaban los cañeros y que, el MLN, mantuvo hasta el inicio de los años 1990.
Vázquez y Mujica: el “cambio posible”
1° de marzo de 2005. El FA alcanza el gobierno nacional. Tabaré Vázquez da su primer discurso como Presidente. De espaldas al Palacio Legislativo, frente a una multitud de 100 mil personas. Declara la “emergencia social” y la “emergencia carcelaria”.
Para la primera emergencia, crea el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y el Plan de Emergencia Social (PANES). Son el buque insignia del “progresismo” para empezar a borrar la “herencia maldita” del neoliberalismo. Durante dos años, las capas “más vulnerables” de la población, hundidas en la pobreza extrema, se hicieron “beneficiarias” de una asistencia mensual equivalente a 85 dólares. Superada la situación más crítica, reciben una asignación familiar (por hijos menores de 18 años), siempre y cuando tengan empleo y aporten al Banco de Previsión Social (BPS). Como “contraprestación”, deben asegurar la concurrencia de sus hijos a la escuela y el liceo y mantener una asistencia sanitaria.
Pasó una década. Sin embargo, ni los recursos financieros destinados a las transferencias monetarias directas para atender la “emergencia social” (que no superan el 1% del PIB), ni el aumento en la cantidad de “beneficiarios”, han sido suficientes para disminuir la pobreza. No hablemos ya de “erradicarla”. Según el gobierno, 900.000 personas “salieron de la línea de pobreza” en los últimos diez años y los que aún viven en esa condición son el 11,5% de la población. Vale destacar: para el gobierno (que adopta los criterios de medición que impone el Banco Mundial), alguien que tenga un ingreso de 9.600 pesos uruguayos mensuales (380 dólares aproximadamente) se salvaría de ocupar la escala social más baja.
Obviamente, las cifras oficiales maquillan la realidad. Un estudio del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República, concluye que al “núcleo duro” de pobreza que registra el MIDES (entre 280.000 y 300.000 personas) hay que agregarle, al menos, otras 380.000 en “riesgo de pobreza”. En tal caso, la línea divisoria entre pobres reales y pobres potenciales deja de ser tenue y se borra. Por su parte, el trabajo “Medición de la pobreza infantil en Uruguay” (2014) elaborado por el Centro Interdisciplinario de Infancia y Pobreza de la Universidad de la República, sostiene que, según los indicadores del INE (Instituto Nacional de Estadística), la pobreza ha bajado, pero aclara que eso se deduce tomando en cuenta únicamente “la dimensión monetaria”. Si a la variable económica se le agregan los datos de las NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) que tomó el Censo de 2011, las cifras de pobreza trepan al doble.
De acuerdo con el INE (2013), 27,3% de los niños de 0 a 5 años estaban en “situación de pobreza”; pero si se contemplan las NBI, la pobreza afecta a 49,2% de la población infantil. La Primera Encuesta Nacional de Salud, Nutrición y Desarrollo Infantil (2015), arroja números peores: el 41% de los niños entre 0 y 3 años padece algún tipo de “inseguridad alimentaria” y el 4,8% “inseguridad severa” (hambre). El estudio advierte que la situación se agrava “cuando se analizan los hogares en pobreza”.
Para la segunda emergencia, Tabaré Vázquez propuso un plan de “humanización carcelaria” inmediata. Como forma de “descongestionar el hacinamiento”, liberó a 600 presos con la mitad de la pena cumplida. Y prometió una mejora en las condiciones de vida de las personas “privadas de libertad”. Había en ese momento 5.000 “delincuentes” presos. Víctimas, según el discurso oficial de aquellos días, de una crisis heredada de los gobiernos neoliberales con su secuela de desempleo, pobreza y marginación. El énfasis estaba en las causas sociales.
Una década después, los “delincuentes” presos son 11.000. La tasa más alta de América Latina y el Caribe en relación a la población del país (3.391.000 habitantes, según el último censo de 2011). Las cárceles continúan superpobladas, los delincuentes son, en su mayoría, “primarios” y menores de 35 años (en un país que tiene la población más envejecida de América Latina y el Caribe). Al momento de su detención, el 42% tenía un “empleo precario” o de salario mínimo, según un estudio de la Facultad de Ciencias Sociales y del propio Ministerio del Interior (2012). ¿El delito, cómo forma peculiar de ganarse unas “horas extras”?. Para el relator especial de Naciones Unidas Contra la Tortura, el austríaco Manfred Novack, las cárceles uruguayas se encuentran entre “las peores del mundo”, solo superadas en esa deplorable condición por las de Guinea Ecuatorial. En cuanto a los “hogares” del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA), encierran, violan y torturan a más de 1.100 “menores infractores”. La mayoría de esos adolescentes “privados de libertad” son pobres y “tienen poca educación”, pero no han tenido problemas de adicción a “drogas ilegales”, según muestra un estudio del Instituto de Sociología Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (2015). La Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos del Niño, Rosa María Ortiz, al comprobar las condiciones de encierro de los “menores infractores” sentenció: “se trata de verdaderos campos de concentración”.
En el discurso progresista, las causas ya no remiten a la crisis social heredada. Según el tupamaro Eduardo Bonomi, Ministro del Interior, el crecimiento del delito se explica por el “lumpen-consumismo” de un sector de la sociedad, los efectos del narcotráfico, y la “pérdida de valores” que destruye una arraigada “cultura de convivencia”. La “favelización” del mapa socio-urbano justifica las estrategias punitivas. El aparato policial se perfecciona vía un crecimiento inédito de su presupuesto y lanza “mega-operativos” en las “zonas rojas” donde viven los más jóvenes y pobres. El Poder Judicial aplica la “prisión preventiva” como regla. Es una limpieza social por medios institucionales. Sorda pero efectiva.
1° de marzo de 2010. José Mujica asume como jefe de Estado y toma a su cargo la “continuidad del cambio”. En su primer presidencial, adelantó que su gobierno tendría dos “prioridades”: el sistema de enseñanza (“educación, educación, educación”); y un plan urgente de viviendas para las familias más pobres.
Aunque el gobierno del FA llevó el presupuesto de la enseñanza del 3,5% al 4,8% del PIB (los sindicatos de maestros y profesores reclaman un 6,5%), la “crisis educacional” se muestra con toda su crudeza. La “reforma” (puesta en práctica por el primer gobierno de Tabaré Vázquez) iría, según el progresismo, a “cerrar la brecha social” asegurando la “inclusión”. El resultado es bien distinto.
El 55,3% de las capas más ricas de la sociedad completa la educación de nivel terciario; el 60,4% de las capas más empobrecidas de la sociedad no culmina la educación primaria. Esta “desigualdad simétrica” entre ricos y pobres representa un mapa indicativo de la “desigualdad educativa” que, luego, se traduce en analfabetismo funcional y precariedad laboral. De acuerdo con los datos oficiales, el 38% de los jóvenes de 15 a 20 años de edad no concurren a ningún establecimiento educativo. Siete de cada diez de estos jóvenes pertenecen a “hogares de bajos recursos”. (Anuario Estadístico divulgado por el Ministerio de Educación y Cultura el 26-12-2012)
El Plan Juntos de Integración socio-habitacional (Plan Juntos) era el buque insignia. Mujica prometió construir viviendas para 15.000 familias pobres durante su mandato. Ni de cerca. Hasta el momento se han construido en torno a 1.500. Para Mujica, el Plan Juntos no logró todos los objetivos planeados, principalmente por “un tema de costos”, por falta de "oficio y medios", o porque las“donaciones privadas” no fueron suficientes. En el Presupuesto Nacional, el Plan Juntos solamente tenía asignado 4 millones de dólares…para los cinco años.
Basta dar una mirada a la periferia urbana y suburbana para registrar el paisaje de la “vulnerabilidad habitacional”. En los “asentamientos irregulares” viven 213.000 personas. La mayoría en Montevideo: más de 132.000 personas, alrededor del 10% de la población. Allí se concentra el “pichaje” (término despectivo para designar a los más pobres) según la estratificación social que ficha la Policía: recicladores de basura, desempleados, trabajadores precarios, empleadas domésticas, “jóvenes ni-ni” (ni estudian ni trabajan), niños sub-alimentados. Mientras tanto, las “soluciones habitacionales” quedan en manos de los “operadores inmobiliarios” (bancos, fondos de inversión, financieras, deportistas millonarios) y de las grandes empresas constructoras (exoneradas de impuestos). El Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), la Dirección Nacional de Vivienda DINAVI), se acoplan a una política donde la “ley del mercado” define las prioridades en función de la rentabilidad. Ni el Plan Juntos, ni el Plan de Vivienda Sindical del PIT-CNT (golpeado por los manejos corruptos de sus responsables, miembros del Partido Comunista), avanzaron hacia un proyecto de vivienda social y popular instrumentado y subsidiado desde el Estado.
Al final, no hubo “giro a la izquierda”, ni “gobierno en disputa” bajo la presidencia del jefe tupamaro. El “modelo de crecimiento” continuó remitiéndose a administrar lo heredado. El “país productivo” continuó apoyado en los mismos pilares que instaló el “modelo neoliberal”.
En los años 1980 y 1990, los gobiernos de coalición de colorados y blancos, sentaron los principios rectores. Distintas leyes diseñaron la matriz: Ley Forestal, Ley de Inversiones, Ley de Zonas Francas, Reforma de la Seguridad Social, Ley de Puertos. Todas estas leyes fueron votadas en contra por el FA, cuando era “oposición antineoliberal”. No obstante, rigen hasta hoy. Ninguna fue derogada en lo que va de “era progresista”, pese a que el Frente Amplio cuenta con mayoría parlamentaria desde el 1° de marzo de 2005. Por el contrario. Las ha resguardado (con pequeños retoques en algunas de ellas), y las reivindica (con indisimulado énfasis) a la hora de publicitar la “solidez” y el “éxito” de su programa económico.
Los hechos revelan la verdadera naturaleza del proyecto progresista, por más que diversos intelectuales y analistas (dentro y fuera del país) lo pinten de “posneoliberal”.
El “mujiquismo” no modificó la ecuación. Su gobierno prolongó la idea de “cambio posible”. Donde la “disciplina fiscal y monetaria” y el “beneficio tributario” a los empresarios (locales y extranjeros), fueron acompañados de políticas asistenciales, “compensatorias”, para mitigar las miserias sociales. Mujica terminó su gobierno sin nada distinto que mostrar. El “país productivo” es más de lo mismo: agro-exportación, multinacionales forestales, sojeras y mineras; endeudamiento externo y sometimiento a las instituciones financieras internacionales. Las “reformas estructurales” continúan esperando.
La derecha que conoce el paño, toma debida cuenta. Y dibuja una semblanza tan punzante como certera. Sus editorialistas más lúcidos trazan un balance demoledor: “El gobierno Mujica será recordado por no haber concretado los desastres que los tupamaros proponían hace cuatro décadas. No hay ‘reforma agraria’ (salvo la que desarrollaron con indudable éxito los empresarios brasileños en el campo uruguayo), la banca privada es toda extranjera, las relaciones con el FMI son excelentes, las multinacionales y el capital extranjero no sólo son bienvenidos sino que han sido llamados con desesperación por el liderazgo tupamaro (…) y la ‘extranjerización de la tierra’ se expandió como pocas veces en la historia del Uruguay durante los dos gobiernos del Frente Amplio”. (Claudio Paolillo, editorial del semanario Búsqueda, Montevideo, 1-3-2012)
El “sensato presente” del “viejo guerrillero” no ha conseguido ocultar su espantosa metamorfosis. Como para darle toda la razón a la profesora Alma Bolon: El “Pepe” no fue solamente “el héroe de la más exitosa operación mediatico-ética de la que haya registro en el país”; sino que “fue el regalo con el que la derecha uruguaya nunca se había atrevido a soñar”. Y en tal sentido, la expresión más simbólica de la derrota definitiva de los tupamaros.
Sin locuras revolucionarias
Agosto de 2002. Un “terremoto financiero” hizo temblar el modelo levantado por las elites neoliberales. Los coletazos de la devaluación del real en Brasil (1999), la quiebra de Argentina (2001) y, sobre todo, el colosal fraude bancario que propició la desregulación financiera, pegaron de lleno en la línea de flotación. El gobierno de coalición de colorados y blancos, presidido por Jorge Batlle, estuvo con “los días contados” y “al borde del abismo”.
La clase trabajadora sufrió las peores consecuencias. Más de 150.000 trabajadores del sector privado perdieron su puesto de trabajo; el desempleo alcanzó el 20%; el subempleo afectó a 500.000 personas; los “salarios reales” cayeron un 16%; la pobreza y la indigencia llegaron al 43%; el PIB per cápita anual pasó de 6.331dólares a 3.307; pequeños y medianos ahorristas lo perdieron todo; los hospitales públicos atendieron en 2002 un 50% más casos de niños con grave desnutrición.
Ante el paisaje aterrador, muchos (dentro y fuera de Uruguay) se preguntaron porque no hubo una rebelión popular como en Argentina en 2000-2001. La razón clave fue el papel del FA y su colateral sindical, el PIT-CNT (central sindical única). Aunque Tabaré Vázquez (por entonces candidato presidencial) rechazó el nuevo plan de ajuste y los acuerdos con el FMI, descartó “incendiar la pradera”. Vázquez fue enfático: la izquierda y los sindicatos no alentarían “estallidos sociales”. El pronunciamiento tuvo su corolario en términos de estrategia política: “oposición responsable” y, antes que nada, “lealtad institucional”. El disciplinamiento fue casi total: no hubo saqueos, ni huelgas, ni clima de insubordinación social. Por tanto, tampoco represión. La sensación de “vacío de poder” había sido resuelta. A finales de 2002, el FA tenía un 46% de “intención de voto”, mientras que blancos y colorados, juntos, no llegaban al 40%.
La crisis experimentó un cambio político cualitativo en la sociedad uruguaya. El centenario bipartidismo quedó herido de muerte y, hasta hoy, no consigue recuperarse. El FA confirmaba su “adhesión democrática” y emergía como una opción válida de gobierno. En el peor de los momentos para las clases dominantes, había aprobado el último examen.
Entre 2003 y 2004 se aceleraron las “actualizaciones” ideológicas y programáticas. Y el maridaje con fracciones del empresariado tomó cuerpo en la “concertación para el crecimiento”. Se borraron las referencias “antioligárquicas” y “antiiemperialistas” y se enterraron las demandas que habían distinguido al frentismo de años anteriores. Fue por entonces que Mujica empezó a exhibir sus dotes de pragmatismo y sensatez. “Hay que decirle la verdad a la gente: en el mejor de los casos nos va a llevar diez o quince años volver a tener un país donde más o menos se pueda vivir. (“Cuando la izquierda gobierne”, Mario Mazzeo, Trilce, Montevideo, 2003) Todo un anticipo: se trataba de desinflar las ansiedades y “frenar el exceso de demandas”. Las plataformas de lucha de esos años poscrisis, se concentraron en la creación de empleos, la “recuperación” del salario, y la “ayuda social” a las capas más empobrecidas.
La crisis fue superada. La conformidad social y el consentimiento político que beneficia hoy al progresismo se vino gestando en esos años. Y le permitió renovar el mandato por tercera vez. En absoluta “normalidad”.
Cuando todavía no había estrenado su primera presidencia, Tabaré Vázquez amenazaba: “Vamos a hacer temblar las raíces de los árboles”. Nada parecido ocurrió. Por el contrario, se sintió muy legitimado cuando, en La Habana, Fidel Castro le dijo: “Están haciendo las cosas bien, sigan como van, hoy pensar en hacer la revolución es de locos”. (“Nos vamos poniendo viejos”, La Diaria, Montevideo, 2013).
No era necesaria la recomendación del anciano líder. La antigua izquierda abandonó hace mucho las locuras revolucionarias. Ahora defiende a capa y espada la colaboración de clases. Mujica es un abanderado de esa colaboración: “El trabajador se tiene que ir empezando a envolver en las dificultades y los logros de las empresas para exigir que caminen y que además se reinvierta y se cuide. No podemos permanecer tan distantes de las vicisitudes que significa la peripecia de una empresa, cuando está en juego tanta cosa”. (Entrevista en El Empresario, Montevideo, 5-4-2013)
Bajo esa marca registrada el FA gobierna. Por un lado, la “matriz productiva” permanece incambiada y el orden institucional se preserva. Por otro lado, se impulsa una “agenda de nuevos derechos”, como la despenalización del aborto, mayores libertades de orientación sexual (matrimonio igualitario), regulación de la comercialización de la marihuana, leyes laborales de protección, etc.)
En este cuadro, las luchas sindicales, que se remiten a la defensa del empleo, el aumento del salario y contra las arbitrariedades patronales, giran en torno a los Consejos de Salarios (restituidos por el gobierno del FA en 2005), es decir, terminan en la mesa de negociación tripartita (gobierno, empresarios, sindicatos). En su gran mayoría, estas luchas son “dirigidas” por el sindicalismo oficial. En abril de 2015, el PIT-CNT alcanzó los 400.000 afiliados, 28% de la fuerza de trabajo empleada. No obstante, la cantidad impresionante de trabajadores sindicalizados no se traduce ni en volumen de luchas (la “conflictividad laboral” es la más baja de los últimos diez años, según una medición de la Universidad Católica, única institución que lo hace); ni en una movilización clasista. Por cuarto año consecutivo, el acto central del 1° de Mayo, no logra reunir a más de 5.000 personas, aunque los aparatos sindicales cuentan con recursos materiales y organizativos que nunca antes tuvieron.
05/2015
Ernesto Herrera es responsable del boletín Correspondencia de Prensa.
En su “programa fundacional”, proponía 40 medidas inmediatas para el caso de alcanzar el gobierno, entre ellas: nacionalización de la banca; monopolio estatal del comercio exterior; no pago de la deuda externa; ruptura con el FMI; escala móvil de salarios; reforma urbana; reforma agraria. Era un programa de “reformas estructurales”, muy similar al establecido por el gobierno de la Unidad Popular en el Chile presidido por Salvador Allende. Qué, digámoslo sin titubeos, sí fue un gobierno de verdaderas y radicales “reformas estructurales”.
Por entonces, el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN), hacía “política con armas”. No integraba el FA y su estrategia se definía en el marco del “foco guerrillero”. En el Programa de gobierno del MLN (1971) se proponía entre otros puntos: la nacionalización de la banca; la socialización de las grandes fábricas para ser administradas por los trabajadores; la reforma urbana con expropiación de los grandes propietarios inmobiliarios. Y la reforma agraria: “con expropiación sin indemnización de los latifundios mayores a 500 hectáreas”. Eran tiempos de las combativas marchas de los trabajadores cañeros de la Unión de Trabajadores del Azúcar de Artigas (UTTA), organizados por Raúl Sendic (fundador y principal dirigente del MLN hasta su muerte en 1989), que llegaban desde Bella Unión (en el norteño departamento de Artigas) hacia Montevideo, la capital. Más de 600 kilómetros recorridos a pie por un proletariado rural y pobre, desposeído de todo, que levantaba como seña de clase la bandera de “Tierra para quien la trabaja”.
Evidente, los tiempos cambiaron. Aquellas demandas radicales (“ultraizquierdistas” diríamos hoy), son una foto de archivo. El “programa fundacional” se fue vaciando. Con el paso de los años se sumaron otras renuncias. La antigua izquierda ya no discute sobre las “vías de aproximación al poder” (en el sentido revolucionario, anticapitalista), ni propone transformar las relaciones sociales de producción. La democracia ya no es “burguesa” sino el cuadro político-institucional adecuado para dirimir las “contradicciones” que hay en toda sociedad. Las relaciones de fuerzas entre las clases ya no son la medida para definir una estrategia.
Con el paso de los años se sumaron otras renuncias y capitulaciones. Las “reformas estructurales” devinieron así en puro progresismo. Los eufemismos “cultura de gobierno”, “lealtad institucional”, y “país productivo”, disfrazaron el reciclaje de tupamaros, estalinistas y socialdemócratas, al orden del capital. Es decir, a su investidura como funcionarios del Estado.
Algunos datos de hoy ilustran las consecuencias de la “actualización” de aquel “programa fundacional” de la izquierda. Y muestran uno de los resultados de 10 años de gobierno del Frente Amplio. Un reciente estudio (2014) realizado por técnicos de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República, presentado a la FAO, indica que: el 2,6% de las explotaciones agrarias tienen un tercio de la tierra (33,6%) y si se toma el 9,2% de esos predios, poseen 61% de la superficie. Más del 80% de los frigoríficos y 70 % de las empresas arroceras están en manos de capitales brasileros; 85% de la producción soja (100% transgénica, principal rubro exportador del país), pertenece a capitales argentinos, estadounidenses, y a “fondos de pensión” europeos. Las dos multinacionales forestales, que fabrican pasta de celulosa, Montes del Plata (unión de Arauco y Stora Enzo, de origen chileno y sueco-finlandés respectivamente), y UPM-Kymmene (ex Botnia, de origen finlandés) son propietarias de 350.000 hectáreas de bosques de eucaliptus. Se benefician de la Ley Forestal y de la Ley de Inversiones para “exonerar” sus impuestos.
Y la fotografía más nítida. En estos diez años de “era progresista”, desaparecieron 12.241 establecimientos agropecuarios que tenían entre 10 y 100 hectáreas. Vale decir, de aquellos “pequeños productores” y colonos que, supuestamente, se irían a beneficiar de una reforma agraria. Al revés, lo que se vino operando fue una contra-reforma agraria o, como afirman empresarios del agro-negocio, una “revolución sorprendente”…a favor de sus intereses.
La concentración-extranjerización se ha profundizado bajo los gobiernos del Frente Amplio. Y debe marcarse: ni como Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010); ni como Presidente de la República (2010-2015), José Mujica intentó siquiera modificar el “modelo agro-exportador”. Lejos, muy lejos, de aquel “Tierra para quien la trabaja” que demandaban los cañeros y que, el MLN, mantuvo hasta el inicio de los años 1990.
Vázquez y Mujica: el “cambio posible”
1° de marzo de 2005. El FA alcanza el gobierno nacional. Tabaré Vázquez da su primer discurso como Presidente. De espaldas al Palacio Legislativo, frente a una multitud de 100 mil personas. Declara la “emergencia social” y la “emergencia carcelaria”.
Para la primera emergencia, crea el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y el Plan de Emergencia Social (PANES). Son el buque insignia del “progresismo” para empezar a borrar la “herencia maldita” del neoliberalismo. Durante dos años, las capas “más vulnerables” de la población, hundidas en la pobreza extrema, se hicieron “beneficiarias” de una asistencia mensual equivalente a 85 dólares. Superada la situación más crítica, reciben una asignación familiar (por hijos menores de 18 años), siempre y cuando tengan empleo y aporten al Banco de Previsión Social (BPS). Como “contraprestación”, deben asegurar la concurrencia de sus hijos a la escuela y el liceo y mantener una asistencia sanitaria.
Pasó una década. Sin embargo, ni los recursos financieros destinados a las transferencias monetarias directas para atender la “emergencia social” (que no superan el 1% del PIB), ni el aumento en la cantidad de “beneficiarios”, han sido suficientes para disminuir la pobreza. No hablemos ya de “erradicarla”. Según el gobierno, 900.000 personas “salieron de la línea de pobreza” en los últimos diez años y los que aún viven en esa condición son el 11,5% de la población. Vale destacar: para el gobierno (que adopta los criterios de medición que impone el Banco Mundial), alguien que tenga un ingreso de 9.600 pesos uruguayos mensuales (380 dólares aproximadamente) se salvaría de ocupar la escala social más baja.
Obviamente, las cifras oficiales maquillan la realidad. Un estudio del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República, concluye que al “núcleo duro” de pobreza que registra el MIDES (entre 280.000 y 300.000 personas) hay que agregarle, al menos, otras 380.000 en “riesgo de pobreza”. En tal caso, la línea divisoria entre pobres reales y pobres potenciales deja de ser tenue y se borra. Por su parte, el trabajo “Medición de la pobreza infantil en Uruguay” (2014) elaborado por el Centro Interdisciplinario de Infancia y Pobreza de la Universidad de la República, sostiene que, según los indicadores del INE (Instituto Nacional de Estadística), la pobreza ha bajado, pero aclara que eso se deduce tomando en cuenta únicamente “la dimensión monetaria”. Si a la variable económica se le agregan los datos de las NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) que tomó el Censo de 2011, las cifras de pobreza trepan al doble.
De acuerdo con el INE (2013), 27,3% de los niños de 0 a 5 años estaban en “situación de pobreza”; pero si se contemplan las NBI, la pobreza afecta a 49,2% de la población infantil. La Primera Encuesta Nacional de Salud, Nutrición y Desarrollo Infantil (2015), arroja números peores: el 41% de los niños entre 0 y 3 años padece algún tipo de “inseguridad alimentaria” y el 4,8% “inseguridad severa” (hambre). El estudio advierte que la situación se agrava “cuando se analizan los hogares en pobreza”.
Para la segunda emergencia, Tabaré Vázquez propuso un plan de “humanización carcelaria” inmediata. Como forma de “descongestionar el hacinamiento”, liberó a 600 presos con la mitad de la pena cumplida. Y prometió una mejora en las condiciones de vida de las personas “privadas de libertad”. Había en ese momento 5.000 “delincuentes” presos. Víctimas, según el discurso oficial de aquellos días, de una crisis heredada de los gobiernos neoliberales con su secuela de desempleo, pobreza y marginación. El énfasis estaba en las causas sociales.
Una década después, los “delincuentes” presos son 11.000. La tasa más alta de América Latina y el Caribe en relación a la población del país (3.391.000 habitantes, según el último censo de 2011). Las cárceles continúan superpobladas, los delincuentes son, en su mayoría, “primarios” y menores de 35 años (en un país que tiene la población más envejecida de América Latina y el Caribe). Al momento de su detención, el 42% tenía un “empleo precario” o de salario mínimo, según un estudio de la Facultad de Ciencias Sociales y del propio Ministerio del Interior (2012). ¿El delito, cómo forma peculiar de ganarse unas “horas extras”?. Para el relator especial de Naciones Unidas Contra la Tortura, el austríaco Manfred Novack, las cárceles uruguayas se encuentran entre “las peores del mundo”, solo superadas en esa deplorable condición por las de Guinea Ecuatorial. En cuanto a los “hogares” del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA), encierran, violan y torturan a más de 1.100 “menores infractores”. La mayoría de esos adolescentes “privados de libertad” son pobres y “tienen poca educación”, pero no han tenido problemas de adicción a “drogas ilegales”, según muestra un estudio del Instituto de Sociología Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (2015). La Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos del Niño, Rosa María Ortiz, al comprobar las condiciones de encierro de los “menores infractores” sentenció: “se trata de verdaderos campos de concentración”.
En el discurso progresista, las causas ya no remiten a la crisis social heredada. Según el tupamaro Eduardo Bonomi, Ministro del Interior, el crecimiento del delito se explica por el “lumpen-consumismo” de un sector de la sociedad, los efectos del narcotráfico, y la “pérdida de valores” que destruye una arraigada “cultura de convivencia”. La “favelización” del mapa socio-urbano justifica las estrategias punitivas. El aparato policial se perfecciona vía un crecimiento inédito de su presupuesto y lanza “mega-operativos” en las “zonas rojas” donde viven los más jóvenes y pobres. El Poder Judicial aplica la “prisión preventiva” como regla. Es una limpieza social por medios institucionales. Sorda pero efectiva.
1° de marzo de 2010. José Mujica asume como jefe de Estado y toma a su cargo la “continuidad del cambio”. En su primer presidencial, adelantó que su gobierno tendría dos “prioridades”: el sistema de enseñanza (“educación, educación, educación”); y un plan urgente de viviendas para las familias más pobres.
Aunque el gobierno del FA llevó el presupuesto de la enseñanza del 3,5% al 4,8% del PIB (los sindicatos de maestros y profesores reclaman un 6,5%), la “crisis educacional” se muestra con toda su crudeza. La “reforma” (puesta en práctica por el primer gobierno de Tabaré Vázquez) iría, según el progresismo, a “cerrar la brecha social” asegurando la “inclusión”. El resultado es bien distinto.
El 55,3% de las capas más ricas de la sociedad completa la educación de nivel terciario; el 60,4% de las capas más empobrecidas de la sociedad no culmina la educación primaria. Esta “desigualdad simétrica” entre ricos y pobres representa un mapa indicativo de la “desigualdad educativa” que, luego, se traduce en analfabetismo funcional y precariedad laboral. De acuerdo con los datos oficiales, el 38% de los jóvenes de 15 a 20 años de edad no concurren a ningún establecimiento educativo. Siete de cada diez de estos jóvenes pertenecen a “hogares de bajos recursos”. (Anuario Estadístico divulgado por el Ministerio de Educación y Cultura el 26-12-2012)
El Plan Juntos de Integración socio-habitacional (Plan Juntos) era el buque insignia. Mujica prometió construir viviendas para 15.000 familias pobres durante su mandato. Ni de cerca. Hasta el momento se han construido en torno a 1.500. Para Mujica, el Plan Juntos no logró todos los objetivos planeados, principalmente por “un tema de costos”, por falta de "oficio y medios", o porque las“donaciones privadas” no fueron suficientes. En el Presupuesto Nacional, el Plan Juntos solamente tenía asignado 4 millones de dólares…para los cinco años.
Basta dar una mirada a la periferia urbana y suburbana para registrar el paisaje de la “vulnerabilidad habitacional”. En los “asentamientos irregulares” viven 213.000 personas. La mayoría en Montevideo: más de 132.000 personas, alrededor del 10% de la población. Allí se concentra el “pichaje” (término despectivo para designar a los más pobres) según la estratificación social que ficha la Policía: recicladores de basura, desempleados, trabajadores precarios, empleadas domésticas, “jóvenes ni-ni” (ni estudian ni trabajan), niños sub-alimentados. Mientras tanto, las “soluciones habitacionales” quedan en manos de los “operadores inmobiliarios” (bancos, fondos de inversión, financieras, deportistas millonarios) y de las grandes empresas constructoras (exoneradas de impuestos). El Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), la Dirección Nacional de Vivienda DINAVI), se acoplan a una política donde la “ley del mercado” define las prioridades en función de la rentabilidad. Ni el Plan Juntos, ni el Plan de Vivienda Sindical del PIT-CNT (golpeado por los manejos corruptos de sus responsables, miembros del Partido Comunista), avanzaron hacia un proyecto de vivienda social y popular instrumentado y subsidiado desde el Estado.
Al final, no hubo “giro a la izquierda”, ni “gobierno en disputa” bajo la presidencia del jefe tupamaro. El “modelo de crecimiento” continuó remitiéndose a administrar lo heredado. El “país productivo” continuó apoyado en los mismos pilares que instaló el “modelo neoliberal”.
En los años 1980 y 1990, los gobiernos de coalición de colorados y blancos, sentaron los principios rectores. Distintas leyes diseñaron la matriz: Ley Forestal, Ley de Inversiones, Ley de Zonas Francas, Reforma de la Seguridad Social, Ley de Puertos. Todas estas leyes fueron votadas en contra por el FA, cuando era “oposición antineoliberal”. No obstante, rigen hasta hoy. Ninguna fue derogada en lo que va de “era progresista”, pese a que el Frente Amplio cuenta con mayoría parlamentaria desde el 1° de marzo de 2005. Por el contrario. Las ha resguardado (con pequeños retoques en algunas de ellas), y las reivindica (con indisimulado énfasis) a la hora de publicitar la “solidez” y el “éxito” de su programa económico.
Los hechos revelan la verdadera naturaleza del proyecto progresista, por más que diversos intelectuales y analistas (dentro y fuera del país) lo pinten de “posneoliberal”.
El “mujiquismo” no modificó la ecuación. Su gobierno prolongó la idea de “cambio posible”. Donde la “disciplina fiscal y monetaria” y el “beneficio tributario” a los empresarios (locales y extranjeros), fueron acompañados de políticas asistenciales, “compensatorias”, para mitigar las miserias sociales. Mujica terminó su gobierno sin nada distinto que mostrar. El “país productivo” es más de lo mismo: agro-exportación, multinacionales forestales, sojeras y mineras; endeudamiento externo y sometimiento a las instituciones financieras internacionales. Las “reformas estructurales” continúan esperando.
La derecha que conoce el paño, toma debida cuenta. Y dibuja una semblanza tan punzante como certera. Sus editorialistas más lúcidos trazan un balance demoledor: “El gobierno Mujica será recordado por no haber concretado los desastres que los tupamaros proponían hace cuatro décadas. No hay ‘reforma agraria’ (salvo la que desarrollaron con indudable éxito los empresarios brasileños en el campo uruguayo), la banca privada es toda extranjera, las relaciones con el FMI son excelentes, las multinacionales y el capital extranjero no sólo son bienvenidos sino que han sido llamados con desesperación por el liderazgo tupamaro (…) y la ‘extranjerización de la tierra’ se expandió como pocas veces en la historia del Uruguay durante los dos gobiernos del Frente Amplio”. (Claudio Paolillo, editorial del semanario Búsqueda, Montevideo, 1-3-2012)
El “sensato presente” del “viejo guerrillero” no ha conseguido ocultar su espantosa metamorfosis. Como para darle toda la razón a la profesora Alma Bolon: El “Pepe” no fue solamente “el héroe de la más exitosa operación mediatico-ética de la que haya registro en el país”; sino que “fue el regalo con el que la derecha uruguaya nunca se había atrevido a soñar”. Y en tal sentido, la expresión más simbólica de la derrota definitiva de los tupamaros.
Sin locuras revolucionarias
Agosto de 2002. Un “terremoto financiero” hizo temblar el modelo levantado por las elites neoliberales. Los coletazos de la devaluación del real en Brasil (1999), la quiebra de Argentina (2001) y, sobre todo, el colosal fraude bancario que propició la desregulación financiera, pegaron de lleno en la línea de flotación. El gobierno de coalición de colorados y blancos, presidido por Jorge Batlle, estuvo con “los días contados” y “al borde del abismo”.
La clase trabajadora sufrió las peores consecuencias. Más de 150.000 trabajadores del sector privado perdieron su puesto de trabajo; el desempleo alcanzó el 20%; el subempleo afectó a 500.000 personas; los “salarios reales” cayeron un 16%; la pobreza y la indigencia llegaron al 43%; el PIB per cápita anual pasó de 6.331dólares a 3.307; pequeños y medianos ahorristas lo perdieron todo; los hospitales públicos atendieron en 2002 un 50% más casos de niños con grave desnutrición.
Ante el paisaje aterrador, muchos (dentro y fuera de Uruguay) se preguntaron porque no hubo una rebelión popular como en Argentina en 2000-2001. La razón clave fue el papel del FA y su colateral sindical, el PIT-CNT (central sindical única). Aunque Tabaré Vázquez (por entonces candidato presidencial) rechazó el nuevo plan de ajuste y los acuerdos con el FMI, descartó “incendiar la pradera”. Vázquez fue enfático: la izquierda y los sindicatos no alentarían “estallidos sociales”. El pronunciamiento tuvo su corolario en términos de estrategia política: “oposición responsable” y, antes que nada, “lealtad institucional”. El disciplinamiento fue casi total: no hubo saqueos, ni huelgas, ni clima de insubordinación social. Por tanto, tampoco represión. La sensación de “vacío de poder” había sido resuelta. A finales de 2002, el FA tenía un 46% de “intención de voto”, mientras que blancos y colorados, juntos, no llegaban al 40%.
La crisis experimentó un cambio político cualitativo en la sociedad uruguaya. El centenario bipartidismo quedó herido de muerte y, hasta hoy, no consigue recuperarse. El FA confirmaba su “adhesión democrática” y emergía como una opción válida de gobierno. En el peor de los momentos para las clases dominantes, había aprobado el último examen.
Entre 2003 y 2004 se aceleraron las “actualizaciones” ideológicas y programáticas. Y el maridaje con fracciones del empresariado tomó cuerpo en la “concertación para el crecimiento”. Se borraron las referencias “antioligárquicas” y “antiiemperialistas” y se enterraron las demandas que habían distinguido al frentismo de años anteriores. Fue por entonces que Mujica empezó a exhibir sus dotes de pragmatismo y sensatez. “Hay que decirle la verdad a la gente: en el mejor de los casos nos va a llevar diez o quince años volver a tener un país donde más o menos se pueda vivir. (“Cuando la izquierda gobierne”, Mario Mazzeo, Trilce, Montevideo, 2003) Todo un anticipo: se trataba de desinflar las ansiedades y “frenar el exceso de demandas”. Las plataformas de lucha de esos años poscrisis, se concentraron en la creación de empleos, la “recuperación” del salario, y la “ayuda social” a las capas más empobrecidas.
La crisis fue superada. La conformidad social y el consentimiento político que beneficia hoy al progresismo se vino gestando en esos años. Y le permitió renovar el mandato por tercera vez. En absoluta “normalidad”.
Cuando todavía no había estrenado su primera presidencia, Tabaré Vázquez amenazaba: “Vamos a hacer temblar las raíces de los árboles”. Nada parecido ocurrió. Por el contrario, se sintió muy legitimado cuando, en La Habana, Fidel Castro le dijo: “Están haciendo las cosas bien, sigan como van, hoy pensar en hacer la revolución es de locos”. (“Nos vamos poniendo viejos”, La Diaria, Montevideo, 2013).
No era necesaria la recomendación del anciano líder. La antigua izquierda abandonó hace mucho las locuras revolucionarias. Ahora defiende a capa y espada la colaboración de clases. Mujica es un abanderado de esa colaboración: “El trabajador se tiene que ir empezando a envolver en las dificultades y los logros de las empresas para exigir que caminen y que además se reinvierta y se cuide. No podemos permanecer tan distantes de las vicisitudes que significa la peripecia de una empresa, cuando está en juego tanta cosa”. (Entrevista en El Empresario, Montevideo, 5-4-2013)
Bajo esa marca registrada el FA gobierna. Por un lado, la “matriz productiva” permanece incambiada y el orden institucional se preserva. Por otro lado, se impulsa una “agenda de nuevos derechos”, como la despenalización del aborto, mayores libertades de orientación sexual (matrimonio igualitario), regulación de la comercialización de la marihuana, leyes laborales de protección, etc.)
En este cuadro, las luchas sindicales, que se remiten a la defensa del empleo, el aumento del salario y contra las arbitrariedades patronales, giran en torno a los Consejos de Salarios (restituidos por el gobierno del FA en 2005), es decir, terminan en la mesa de negociación tripartita (gobierno, empresarios, sindicatos). En su gran mayoría, estas luchas son “dirigidas” por el sindicalismo oficial. En abril de 2015, el PIT-CNT alcanzó los 400.000 afiliados, 28% de la fuerza de trabajo empleada. No obstante, la cantidad impresionante de trabajadores sindicalizados no se traduce ni en volumen de luchas (la “conflictividad laboral” es la más baja de los últimos diez años, según una medición de la Universidad Católica, única institución que lo hace); ni en una movilización clasista. Por cuarto año consecutivo, el acto central del 1° de Mayo, no logra reunir a más de 5.000 personas, aunque los aparatos sindicales cuentan con recursos materiales y organizativos que nunca antes tuvieron.
05/2015
Ernesto Herrera es responsable del boletín Correspondencia de Prensa.
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