Hay que anular la ley de caducidad: los asesinos de Cháves Sosa

Era golpeado salvajemente hasta que sólo se oyó el silencio


El capitán aviador José Araújo Umpiérrez al retirarse del juzgado de la calle Misiones luego de ser notificado de un pedido de extradición recibido desde Argentina. (archivo, noviembre de 2006) Foto: Fernando Morán

la diaria 24.08.2010


5 años después del hallazgo de los restos de Ubagesner Chaves Sosa, y 34 después de su muerte, la justicia indaga el asesinato.



La viuda de Ubagésner Chaves Sosa, Isidora Musco, recorrerá la Base Aérea Boiso Lanza en la que ambos permanecieron detenidos en 1976 en el marco de un diligenciamiento de prueba solicitado por la jueza Mariana Mota y la fiscal Ana María Tellechea, que también estarán presentes hoy en el lugar. También están citados a realizar el reconocimiento testigos que estuvieron recluidos junto con el militante del Partido Comunista. Chaves Sosa fue capturado el 28 de mayo de aquel año sobre las 17.00 y trasladado a esa unidad militar, en la que murió sometido a apremios físicos durante el interrogatorio en la noche del 1º al 2 de junio. La defensa está notificada de la instancia a cumplirse en Boiso Lanza y puede participar como en cualquier otro diligenciamiento de prueba, según informaron a la diaria fuentes del caso.

La jornada de hoy complementa la cumplida ayer en el juzgado de la calle Misiones y 25 de Mayo, donde declararon en calidad de indagados los presuntos torturadores, entre ellos el ex aviador José Uruguay Araújo Umpiérrez -quien en 1976 ocupaba el cargo de subdirector del Servicio de Información de Defensa y es señalado como coordinador del segundo vuelo- y los entonces tenientes Enrique Rivero y Alejandro López. Los nombres de éstos y otros siete militares de la Fuerza Aérea Uruguaya -algunos de los cuales comparecieron la semana pasada- fueron aportados en 2008 por el ex preso político Guillermo Gómez, quien los ubicó como los que actuaban en Boiso Lanza en momentos en los que se produjo el homicidio de Chaves Sosa.

Araújo Umpierrez también fue vinculado a la desaparición y muerte de María Claudia García, y estuvo detenido administrativamente hasta 2008 ante un pedido de extradición llegado desde Argentina por esa causa, pero la Justicia uruguaya no la concedió porque la investigación había sido reabierta en nuestro país.

Los restos del militante comunista fueron hallados el 29 de noviembre de 2005 en una chacra de Pando e identificados dos meses después luego de que los resultados de los análisis de ADN de un laboratorio cordobés coincidieran con los que había practicado la Policía Técnica de nuestro país. Se trató de la primera identificación de un desaparecido durante la dictadura, lo cual fue posible a partir de datos proporcionados por un informe oficial de la Fuerza Aérea. El sepelio se realizó en el cementerio del Buceo el 14 de marzo de 2006 en el marco de un paro general parcial convocado por el PIT-CNT, en homenaje al militante.

En julio de 2008 sus familiares radicaron una denuncia penal por la desaparición forzada, torturas y homicidio de Chaves Sosa, y casi tres meses después el Poder Ejecutivo excluyó el caso de la Ley de Caducidad. Ayer, en la puerta del juzgado y mientras transcurrían los interrogatorios, se concentraron en reclamo de justicia los integrantes del consejo directivo de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (Untmra), organización a la que pertenecía Chaves Sosa.


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